Los negocios inmobiliarios respaldados por Larreta, a expensas de áreas públicas, parecen no conocer límites. Una vez más, la justicia en la ciudad de Buenos Aires ha intervenido para detener un proyecto inmobiliario en el barrio de Caballito, donde dos compañías tienen la intención de erigir un complejo de edificios y un centro comercial al aire libre en una zona densamente poblada.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ha revertido una sentencia de primera instancia que había autorizado la construcción de un complejo de 1188 apartamentos en la dirección Avellaneda 1300, conocido como «Ciudad Palmera».
Los residentes locales presentaron una demanda ante el tribunal, cuestionando el «plan maestro» propuesto y centrándose en la evaluación de impacto ambiental y la viabilidad en relación con el uso de servicios públicos como agua, electricidad y alcantarillado.
Desde 1999, los terrenos han sido propiedad del grupo IRSA, que durante más de diez años intentó construir un centro comercial de diez pisos y un complejo de apartamentos en el área. Sin embargo, estos planes requerían un cambio en la zonificación del lugar por parte de la Legislatura de la ciudad, un cambio que nunca se materializó a pesar de siete intentos.
Ante esta situación, IRSA optó por dividir los terrenos y ceder una de las parcelas a la empresa Portland, encargada del desarrollo inmobiliario llamado «Ciudad Palmera», con el objetivo de eludir la necesidad de cambios urbanísticos aprobados por el Parlamento.
En agosto de 2020, el juez de primera instancia Darío Reynoso emitió una orden de suspensión de la construcción mediante una medida cautelar. Sin embargo, tres años después y en una nueva resolución emitida en junio, Reynoso consideró que había «nuevas circunstancias factuales» que justificaban revisar su opinión anterior. En consecuencia, revocó la medida cautelar y dio luz verde a la continuación de la obra, lo que desencadenó intensas protestas en las calles bajo la consigna «No al Shopping».
Posteriormente, la Sala II de la Cámara revocó la sentencia de primera instancia de Reynoso que había autorizado la construcción, fundamentando su decisión en el informe de la fiscal de cámara Karina Cicero: «El proyecto está concebido como un conjunto unificado en el que cada una de sus partes, incluyendo edificios, estacionamientos, galerías y locales comerciales de cada parcela, contribuye al resultado global de la obra».
La demanda presentada por los vecinos tiene como objetivo detener la construcción de edificios para preservar los espacios de suelo verde, ya que el terreno de IRSA colinda con un área ferroviaria en la estación de Caballito que las asociaciones comunitarias aspiran a convertir en un parque público.
