La Ley 1.777 organizó la existencia de las Comunas y reafirmó la idea de que la
elaboración participativa del presupuesto es la base de nuestra democracia. Con el
objetivo de dar cumplimiento efectivo a la Ley Orgánica de las Comunas,
presentamos este proyecto para transparentar la gestión, mejorar las políticas
públicas y profundizar la democracia mediante el fomento de la participación
ciudadana.
Proyecto:
CABA, 25 de Abril de 2023. Presentamos la “Ley de Proyectos de Presupuestos
Participativos Comunales”. Una ley que le permite a lxs ciudadanxs, organizadxs en los
Consejos Consultivos, decidir qué obras y servicios necesitan en sus barrios, con su
posterior control, fiscalización y seguimiento definido en las Comunas, para que sus
propuestas formen parte del anteproyecto de presupuesto que cada Junta Comunal envía
al Poder Ejecutivo. Resulta imprescindible fomentar y garantizar la participación
ciudadana, poniendo a disposición pública la información de manera sencilla y
comprensible para que lxs ciudadanxs tengan un instrumento de gestión política y puedan
definir conjuntamente cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos de cada
ejercicio.
Actualmente la Ley de Comunas da las pautas generales sobre cómo se tiene que
participar el presupuesto, pero sabemos que la Ley 1.777 no se cumple en su integralidad.
En la concepción política del oficialismo porteño las Comunas responden a una lógica de
desconcentración, no de descentralización, y se transformaron en dependencias
administrativas que no disponen de autonomía presupuestaria ni de las competencias que
les reconoce la Ley.
Contacto de Prensa: Yamila –
prensajavierandrade@gmail.com
Este proyecto determina un procedimiento con pasos y tiempos definidos para garantizar
la elaboración de los Presupuestos Participativos Comunales, reconociéndoles a los
Consejos Consultivos Comunales su rol político-constitucional.
La idea del presupuesto participativo no es una novedad de la Ciudad de Buenos Aires y
tampoco de la Argentina. Ciudades como Porto Alegre han servido como parámetros o
emblemas del mismo, así como de la descentralización política, aunque para los
equivalentes de lo que acá serían los presupuestos comunales se destinan por ley muchos
más recursos: 25% en Porto Alegre, 15% en Barcelona, 4% en Ciudad de México, mientras
en nuestra Ciudad, que tiene un presupuesto europeo, es del 1, 29%. Para ejemplificar con
números, CABA cuenta con un presupuesto de más de 2 billones de pesos y destina a los
15 gobiernos comunales apenas 27 mil millones, monto menor al presupuesto anual de la
Legislatura.
Con el modelo actual, en la Ciudad avanzan las obras inconsultas y se asignan recursos a
obras que no se condicen con las necesidades de lxs vecinxs y que muchas veces generan
problemas que no existían, lo que lleva a una permanente judicialización, debido a los
amparos que presentan las organizaciones vecinales para defender sus derechos,
agraviados por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. De aprobarse esta ley podrían
evitarse todas estas instancias y mejorarse la gestión pública, dándole mayor
trascendencia a las decisiones de lxs ciudadanxs comprometidxs con sus barrios y a las
Juntas Comunales elegidas por voto popular.
Esta ley es una herramienta necesaria para poder hacer un uso equitativo, transparente,
democrático y eficiente de los recursos públicos que las Comunas deben administrar y
garantizar así el cumplimiento de la Ley 1.777 en nuestra Ciudad.
